El debate nacional sobre la llamada “Ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada” ―que se ha bajado de la discusión parlamentaria, al menos hasta el presente, debido al fuerte rechazo que despertó a lo largo y a lo ancho del país por todas sus implicancias― involucra dimensiones económicas, jurídicas y, fundamentalmente, humanas, que han movido al pronunciamiento de la Iglesia y del que también nos hacemos parte.

El referido proyecto de Ley se contrapone a la soberanía nacional, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes, y debilita la capacidad del Estado para proteger los recursos naturales y a las comunidades vulnerables de los intereses privados

Frente al proyecto ―que modificaba regulaciones sobre tierras rurales, facilita desalojos y adecua compensaciones económicas a valores de mercado— Cáritas, Pastoral Social y ENDEPA (Pastoral Aborigen), enviaron el pasado 16 de junio una Carta Abierta a los legisladores señalando que, entre otras cosas, la proyectada Ley “deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierra por parte de extranjeros ―personas físicas o empresas― y, en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes”.

Con ellos, entendemos que no hay argumento serio y sano que fundamente la necesidad de esta ley en favor del desarrollo de nuestros pueblos, porque el desarrollo adquiere verdadero sentido cuando coloca a las personas en el centro, reconoce la dignidad de cada comunidad y promueve el cuidado responsable del territorio y de la Casa Común (Magnifica Humanitas 83). En este mismo sentido, León XIV afirma en su primera Encíclica:

“Entre las múltiples implicaciones del bien común, adquiere inmediato relieve el principio del destino universal de los bienes” (85).

“Este principio nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes” (65).

También Francisco, en Laudato Si’ (2015) y en Laudate Deum (2023), subrayó que ningún derecho privado es absolutamente ilimitado, y que toda propiedad privada porta una función social ineludible para garantizar que los frutos sirvan a la comunidad y a los más necesitados.

Por todo ello nos sentimos convocados, y convocamos, a reflexionar, custodiar y defender, desde el ejercicio de una ciudadanía comprometida —objetivo esencial de nuestra misión educadora— el cuidado responsable de la tierra que Dios nos ha confiado.

Desde esta perspectiva, los invitamos a una oración y un compromiso que nos unan en un mismo espíritu de Solidaridad con la vida, con nuestra Casa común y con cuantos la habitamos. Para seguir trabajando en la construcción de una sociedad más justa y más fraterna.

Al pronunciarnos, cooperamos solidariamente con la reflexión que, en sus propias realidades, interese al resto de los países que integran la Provincia.