Rosablanca González, integrante del Equipo Provincial de Derechos e incidencia en Políticas Públicas formó parte, como referente de AUDEC (Asociación Uruguaya de Educación Católica), de la SubComisión Nacional de Educación de Uruguay que, desde Julio de 2025, viene trabajando en el  “2do. Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos” cuyas acciones se desplegarán durante el 2027.

Luego de un año largo de trabajo –que implicó reuniones, lecturas, encuentros con diversos colectivos de educación sobre todo del interior del país y representantes de organismos internacionales vinculados al tema, dialogando sobre antecedentes y realidades– se comenzó con la escritura del Plan.

La Comisión, conformada por representantes de los diversos organismos de la Educación Pública, las dos asociaciones de Educación Privada y AUDEC, Universidades Privadas y el Instituto Nacional de Infancias y Adolescencias, entre otros, logró un ritmo de trabajo sistemático y sostuvo un valioso clima de diálogo, reflexión y aprendizaje a lo largo de todo el proceso.

En lo personal –afirma Rosablanca–, he aportado nuestra mirada Marista subrayando la Cultura de Paz y de Encuentro como generadora de vidas que se desarrollen plenamente en todas sus dimensiones y dé sentido y esperanza. Ha sido una experiencia muy enriquecedora que valoro y una oportunidad que agradezco profundamente.”

Cultura de Paz y Defensa y Promoción de la Justicia

El Plan de Educación en Derechos Humanos se pensó como parte de un proceso de construcción democrática orientado a promover la ciudadanía y la más amplia participación.

En tanto la democracia se construye desde las múltiples instituciones sociales, la educación tiene un rol fundamental en términos de garantizar y promover el ejercicio ciudadano, como parte del proceso de construcción de sus instituciones y políticas públicas. Esto implica, primeramente, que los valores democráticos, ciudadanos, y que la propia participación sean pilares orientadores de la acción educativa, referenciales que dirigen las propuestas institucionales, las ofertas curriculares y las temáticas discutidas.

Pero, más aún, ello supone generar dispositivos y mecanismos que reconozcan la perspectiva de los diferentes actores sociales (por ejemplo, estudiantes, docentes/educadores/educadoras, familias, actores políticos, sociales y comunitarios organizados y no organizados) en la definición de la educación nacional. Reconocer su voz en este proceso implicó generar espacios donde la pluralidad de voces pudiese ser expresada y materializada, a fin de construir comunidades educativas libres de violencia y silenciamiento, y promover dinámicas organizativas y participativas para aquellas que carecen de organización y representación y, especialmente, para las que ven vulnerado su derecho a la educación.

Este Plan de Educación en Derechos Humanos retoma la Cultura de Paz, busca comprender y trabajar en la transformación de las diferentes violencias que intersectan a la educación, promoviendo la convivencia democrática. A ellas se agregan la defensa y la promoción de la justicia como valores rectores de la educación y como requisitos indispensables para la garantía de los derechos humanos. Asimismo, implica interrogarse por los modos en que la convivencia y la paz pueden construirse cotidianamente en los espacios educativos.